El sector conservador del CGPJ maniobra para llevar a pleno un informe crítico con el Gobierno por suspender los plazos judiciales por la DANA

Madrid

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial quiere elevar a Pleno un informe muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez por haber acordado la suspensión de los plazos procesales después de la Dana que arrasó la Comunidad Valenciana matando a 228 personas. El documento se pidió al gabinete técnico el pasado mes de diciembre y el bloque conservador lo ha puesto encima de la mesa cuando la investigación judicial pone en entredicho la gestión del Gobierno de Mazón durante la catástrofe.

Dice el documento que "atribuir al Consejo de Ministros la competencia para dictar un acto que incide en la organización y funcionamiento de los tribunales y afecta al derecho a la tutela judicial efectiva cohonesta mal con la separación de poderes contemplada en nuestra Constitución. Jueces y tribunales están sometidos únicamente al imperio de la ley y no están ligados a órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún otro poder público, singularmente del legislativo o del ejecutivo".

El dictamen denuncia que suspender los plazos judiciales con un Real Decreto "no resulta conforme a la Constitución, al ignorar la prohibición de afectar con este instrumento normativo excepcional al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado y a los derechos deberes y libertades de los ciudadanos". Por eso, insta al Legislador a que regule por Ley este tipo de situaciones y entregue la competencia para acordar la suspensión de los plazos procesales en casos de catástrofe al Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno acordó la suspensión de los plazos procesales en la Comunidad Valenciana y condicionó la prórroga o el fin de la medida a un informe del Órgano de Gobierno de los Jueces que también es objeto de crítica. Dice que "resulta extraño que en el supuesto que nos ocupa, se coloque al CGPJ en una posición de subordinación respecto del Ejecutivo cuando únicamente se le encomienda una función consultiva, ni siquiera vinculante. Ni que decir tiene que nos encontramos ante un ámbito que incide en el núcleo de acción de los órganos de gobierno de juzgados y tribunales, sin que hubiera sido esencial desde una perspectiva teórica, ni competencial ni materialmente, la adopción de una decisión final por parte del Consejo de Ministros".