Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales convocan un paro para reclamar la retirada de los proyectos que reforman la Carrera

Madrid

Cinco de las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales (todas menos la Unión Progresista de Fiscales y la de Jueces y Juezas por la Democracia) han convocado un paro de diez minutos a mediodía del próximo 11 de junio a las puertas de todas las sedes judiciales para exigir la retirada del proyecto de ley que reforma el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como la del anteproyecto que modifica el Estatuto regulador de la Fiscalía. Aseguran que no renunciarán "a ninguna medida de conflicto colectivo que fuese necesaria adoptar" para conseguir ese objetivo.

En un comunicado conjunto que firman la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, representativas del grueso de los profesionales asociados, anuncian además que impugnarán en los tribunales la estabilización de los sustitutos que proyecta la primera de esas reformas si finalmente, sale adelante.

Adoptarán asimismo, otras medidas, como dar cuenta al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, "y ello con la idea de activar los canales europeos, especialmente GRECO y la Comisión de Venecia" para denunciar "cómo las dos reformas pueden vulnerar la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal y afectar la separación de poderes".

También solicitarán reuniones "todos los grupos parlamentarios, con el Consejo General de la Abogacía Española, con el Consejo General de Procuradores de España, con la Asociación de Abogados del Estado y otras instituciones" para poder, afirman, "explicarles los peligros y las consecuencias de ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la justicia que pueden suponer".

Para los firmantes, el proyecto que reforma el acceso a la Carrera judicial y fiscal y que acaba de iniciar su andadura parlamentaria recoge medidas "altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho".

Una de las medidas que contiene es un proceso extraordinario de regularización de los más de 900 profesionales que ejercen como jueces sustitutos en todo el país, un puesto para el que no se necesita oposición, sino ser licenciado en Derecho y hacer valer méritos propios frente al resto de aspirantes que concurran.

La consolidación de estas plazas es percibida entre los jueces como un agravio a los opositores, que recorren un camino mucho más largo y dificultoso para poder llegar conseguir una plaza. Sostienen además, que se quiebran los principios de mérito y capacidad que deben primar en el acceso al empleo público, cosa que el Ministerio de Justicia rebate argumentando que el proceso para la regularización será prácticamente idéntico al del concurso-oposición que se utiliza en el cuarto turno.

El comunicado ya avisa de que si no se retira el proyecto de reforma y esta medida entra en vigor, la impugnarán en los tribunales.

"Una oportunidad perdida"

En cuanto al anteproyecto que prevé reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo que apuntan es que "supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora".

Exigen también su retirada "a fin de comenzar a construir un Estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal".